Desde Radio Nacional Santa Fe, la periodista Gabriela Bruno dio detalles de la nueva amenaza de muerte contra el gobernador de la provincia y su familia mediante una nota dejada en una dependencia pública de la ciudad de Rosario, donde funciona la sede de la Dirección Migraciones. Por cuestiones de seguridad, su círculo íntimo se trasladó hacia otro lugar fuera de Rosario. La periodista recordó, a su vez, algunas de las últimas acciones implementadas por el gobierno provincial contra el narcotráfico.
En ese marco, en conferencia de prensa, Pullaro aseguró que no lo van a "amedrentar" y que seguirá "peleando contra la delincuencia".
El mandatario provincial dijo que tomó conocimiento del hecho cuando iniciaba una actividad oficial en el registro civil de la ciudad de Rosario, ubicado sobre la calle Salta al 2800.
"Lamentablemente ya estoy acostumbrado desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario", continuó el mandatario santafesino.
"Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad", aseguró.
"No nos van a amedrentar, seguiremos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Seguridad está muy sólido en ese sentido", insistió el gobernador, quien aseguró que está "bien cuidado" y que sus años de trabajo en el Ministerio de Seguridad le permitieron aprender cómo cuidarse "de estos delincuentes violentos".
El pasado 12 de diciembre, a poco de asumir, Pullaro fue amenazado mediante otra nota que fue dejada tras una balacera ejecutada contra un cajero automático de una sucursal del banco Macro en Rosario.
Al día siguiente, el 13 de diciembre, en otro ataque a tiros contra la fachada del hospital público de Emergencias -Heca-, presuntos sicarios dejaron otra nota estaba dirigida al gobernador y firmada por internos del pabellón 9 de la cárcel de Piñero.
Según la investigación, las amenazas surgieron en respuesta a la decisión gubernamental de trasladar a los presos de alto perfil de ese penal a pabellones más seguros para tenerlos más controlados y evitar que comanden delitos desde prisión.
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