El asesinato de una niña de 11 años en Lanús, provincia de Buenos Aires, anticipó el final de las actividades proselitistas de cara a las PASO del próximo domingo. Tanto el oficialismo como la oposición cancelaron sus respectivos actos de cierre que tenían previstos antes de la veda electoral.
Algunos pre-candidatos se manifestaron por redes sociales, “improvisadas” conferencias o al ser consultados por los medios de comunicación de prensa reeditando la discusión sobre la seguridad y su giro en torno al sistema punitivo en nuestro país. Como en otras oportunidades, se pudo observar el intento hacer un uso electoral del crimen.
La agenda publicada instaló a referentes de Juntos por el Cambio, el Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni; el representante de La Libertad Avanza Javier Milei y otros, manifestándose respecto de la violencia en la juventud, el delito y la baja en la edad de imputabilidad.
La primera versión sobre el homicidio de Morena dio cuenta que fue cometido por dos menores de edad, de 12 y 14 años, con antecedentes penales. De ahí en adelante toda suerte de aportes relatados por fuentes policiales, judiciales o políticas que propagan argumentos conocidos: la impunidad de los jóvenes, el consumo de sustancias en los sectores populares, los “planeros”, la puerta giratoria de la justicia; explicaciones que obvian las condiciones sociales de vida a la hora de las sentencias.
Conversamos con Luciano Troglia, integrante de “El Altillo”, un dispositivo municipal de acompañamiento comunitario y atención para personas con consumos problemáticos, para acercarnos a la complejidad de este tema.
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