El sacerdote Juan Francisco Tomás, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia,  se refirió al requerimiento de la Iglesia en Chubut para considerar la libertad de Culto  en el marco del refuerzo a las restricciones de circulación.

“La Iglesia respeta las restricciones pero pide respuesta, ayer salió esa carta de nuestros obispos avalada y firmada por todos los sacerdotes de la Diócesis de Comodoro Rivadavia que dirigida al gobernador y los intendentes se ha hecho pública. En simultáneo, se conoció un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina que está en sintonía con lo que expresamos. Nadie duda de la problemática de salud, los cuidados y las prevenciones, pero me parece que aplicando los principios de solidaridad con nuestros hermanos enfermos y el personal de salud. Pero si hablamos de salud integral, hablamos de salud física y espiritual”, remarcó el cura.

En cuanto, a los protocolos Tomás indicó que se respetan punto por punto desde el 2020. “Nosotros somos respetuosos del protocolo, en los momentos en que los espacios de culto estén habilitados se ha crecido mucho en la responsabilidad de los ministros y las personas que están frente a las comunidades pasa que nosotros vemos que más allá que el derecho consagra la libertad de culto,  planteamos que las autoridades públicas a las que les compete emitir los decretos lo hagan mediante el consenso”.

EL COMUNICADO

«Entendimos que la falta de precisión en el conocimiento de la propagación nos inhibía de cuestionar el modo en que el Estado ejercía la obligación indeclinable de proteger la salud pública. Del mismo modo y bajo los mismos argumentos expuestos por el Gobierno Nacional, hemos comprendido que la provincia y los distintos municipios estaban igualmente obligados a velar por la salud y el bienestar de su comunidad», agregaron.

En el mismo tono recordaron que también aceptaron los «argumentos para justificar las restricciones adoptadas – donde el Poder Ejecutivo Nacional ha entendido que, sin bien los derechos básicos resultan pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, los mismos están sujetos a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública – citando disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así – sin pedir un tratamiento especial – hemos acatado el tiempo de aislamiento social y preventivo. En su momento, al pasar a la fase de distanciamiento, ante la inexistencia de evidencia cientifica que distinguiera con precisión el riesgo de contagio en cada situación, buscamos que se homologara a las celebraciones del culto con los emprendimientos gastronómicos y, finalmente, ése fue el marco en donde se autorizaron las celebraciones, pudiendo de este modo hacer valer el derecho al culto y su importancia para la dimensión espiritual de las personas», puntualizaron.

De inmediato aseguraron que «hoy volvemos a sufrir el embate sobre esta dimensión, ordenándose el cierre de las celebraciones y distanciándose de aquella similitud, sin siquiera una instancia de diálogo y menos de comunicación directa con la Iglesia Católica.

Si bien decidimos acatar la medida de no hacer celebraciones en espacios cerrados el fin de semana que viene, nos preguntamos:

1. ¿Este nuevo cierre de las celebraciones y actividades del culto, está avalado por estudios epidemiológicos con validez cientifica que considera a nuestras celebraciones con más riesgo o más proclives al contagio que aquellos lugares donde la gente puede estar por periodos más prolongados que los de las celebraciones, sin barbijo, con manipulación de alimentos, bebidas, objetos, etc?
2. ¿Quiénes son los sujetos que se arrogan el poder de declarar a algunas actividades esenciales y a otras no?. ¿qué elementos y/o datos ciertos, fundamentan tales distinciones?,

¿En qué ámbito democrático y participativo se dio ese debate? Estamos convencidos que la dimensión espiritual que encuentra un cauce genuino en los distintos cultos y prácticas religiosas – es indispensable para superar las otras pandemias que el covid ha profundizado: la soledad, la ausencia de cercanías amigables y profundas, la sonrisa y los abrazos, etc.»

Finalmente pidieron, a  quienes les compete por oficio preservar los derechos de los ciudadanos, «que sean claros en cuanto las motivaciones para permitir algunas actividades y no otras, y que, en el caso que tengamos los mismos riesgos epidemiológicos, nos permitan decidir con libertad y no bajo amenaza de multa, cierre, etc qué actitud asumimos. Entendemos perfectamente el momento que vivimos y cuál es nuestro deber de construir ciudadania; no alentamos la desobediencia civil pero tampoco debemos aceptar miradas sesgadas sobre qué es lo esencial o focalizadas en lo económico. Vivimos la doble tensión de no querer incitar estilos temerarios en cuanto al cuidado necesario y tampoco delegar con liviandad derechos naturales y adquiridos habilitando restricciones no consensuadas y reñidas con ellos.

Ya a más de un año de comenzada la pandemia, nos parece esencial al modo de vida que hemos decidido abrazar en nuestra Constitución salir de la excepcionalidad, y que las medidas se inscriban en aquello que preserva los derechos y garantías que ampara nuestra carta magna», concluyeron.